lunes, 28 de noviembre de 2016

CIBERDELITO EN ROCA: EN OTRA FARMACIA NO PAGARON RESCATE (RIONEGRO.COM.AR)

ROCA.
Luego de salir a la luz el caso de la familia Zgaib, otra comerciante del rubro contó que hace poco más de un mes también le secuestraron la base de datos de su comercio, pero eligió perder la información “antes que alimentar a los extorsionadores”.
“Nosotros tenemos sólo una sucursal, y el volumen de información es más chico que el de una cadena de farmacias, pero igual nos causó un perjuicio muy grande. Perdimos información de muchas cuentas corrientes, y tuvimos que volver a instalar todo el sistema”, comentó la comerciante.
Miriam relató que la metodología usada por los hackers que la contactaron fue la misma que en el caso de los Zgaib.
“Fue todo exactamente igual, fuimos siguiendo los pasos hasta que teníamos que ir a un Pago Facil como a hacer un depósito. Sacamos la cuenta y nos dio que teníamos que pagar 12 mil pesos. Lo charlé con el técnico en computación y me recomendó no pagar. Además para nosotros era mucha plata. Estuvimos dos días para volver a poner todo en condiciones”, agregó la mujer.
* Un ransomware (del inglés ransom, 'rescate', y ware, por software) es un tipo de programa informático malintencionado que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado, y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción
Fecha: 26/11/016
Como en el caso de Zgaib, a su colega le pidieron un rescate en bitcoins.
Como en el caso de Zgaib, a su colega le pidieron un rescate en bitcoins. (hebe rajneri)

“Me ocurrió exactamente lo mismo. Me bloquearon la base de datos, me pidieron un rescate en bitcoins, pero decidimos no pagarlo. Preferimos perder algunos datos antes que alimentar a extorsionadores”, contó Miriam, la propietaria de una farmacia de la calle Alsina de Roca.
La mujer dijo que no hizo la denuncia porque finalmente no se concretó el pago por la extorsión, pero que al ver la publicación en “Río Negro” del caso de su colega Roberto Zgaib, decidió contar su experiencia como una forma de advertir a otros comerciantes o particulares de que la elección de la región para cometer ciberdelitos no fue un caso aislado.
Luego de conocerse estos casos, salieron a la luz testimonios de otros empresarios que también fueron víctimas de este tipo de extorsiones. Incluso desde el Colegio de Farmacéuticos, le contaron que tenían conocimiento de un caso similar con una farmacia de Bariloche.
“Nosotros tenemos sólo una sucursal, y el volumen de información es más chico que el de una cadena de farmacias, pero igual nos causó un perjuicio muy grande. Perdimos información de muchas cuentas corrientes, y tuvimos que volver a instalar todo el sistema”, comentó la comerciante.
Miriam relató que la metodología usada por los hackers que la contactaron fue la misma que en el caso de los Zgaib.
“Fue todo exactamente igual, fuimos siguiendo los pasos hasta que teníamos que ir a un Pago Facil como a hacer un depósito. Sacamos la cuenta y nos dio que teníamos que pagar 12 mil pesos. Lo charlé con el “Me ocurrió exactamente lo mismo. Me bloquearon la base de datos, me pidieron un rescate en bitcoins, pero decidimos no pagarlo. Preferimos perder algunos datos antes que alimentar a extorsionadores”, contó Miriam, la propietaria de una farmacia de la calle Alsina de Roca.
La mujer dijo que no hizo la denuncia porque finalmente no se concretó el pago por la extorsión, pero que al ver la publicación en “Río Negro” del caso de su colega Roberto Zgaib, decidió contar su experiencia como una forma de advertir a otros comerciantes o particulares de que la elección de la región para cometer ciberdelitos no fue un caso aislado.
Luego de conocerse estos casos, salieron a la luz testimonios de otros empresarios que también fueron víctimas de este tipo de extorsiones. Incluso desde el Colegio de Farmacéuticos, le contaron que tenían conocimiento de un caso similar con una farmacia de Bariloche.



El secuestro de bases de datos parece ser una metodología delictiva cada vez más común en la región.
La elección de pagar el rescate termina siendo de cada víctima, de acuerdo a la evaluación de las pérdidas de datos en caso de no hacer caso a los hackers. Para evitar estas situaciones, los especialistas recomiendan realizar backups (copias de seguridad) externos.



Fuente: http://www.rionegro.com.ar/roca/ciberdelito-en-roca-en-otra-farmacia-no-pagaron-rescate-IK1693947

sábado, 26 de noviembre de 2016

DETIENEN A PEDÓFILO POR CASO DE GROOMING QUE TUVO UNAS 90 VÍCTIMAS EN TODO EL PAÍS (ELLITORAL.COM)

Se descubrió quién fue el pedófilo que acosaba a los menores a través de Internet y se solicitó su extradición. El trabajo se denominó Operación Ángel Guardián y fue realizado por los ministerios públicos provinciales, entre ellos, el MPA. 

Foto: Mauricio Garín 

Un hombre mayor de edad residente en el extranjero fue descubierto como el autor de al menos 90 casos de grooming o ciberacoso sexual. En 22 de esos casos, las víctimas viven en la provincia de Santa Fe.

La investigación se denominó Operación Ángel Guardián y fue coordinada por la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). El trabajo contó con la intervención de fiscales de las procuraciones generales y ministerios públicos provinciales que integran la denominada RED 24/7 que tiene un protocolo de intervención urgente para casos de pornografía infantil en Internet.

Los fiscales del MPA que intervinieron fueron Estanislao Giavedoni de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio Nº 2 de Santa Fe, y Matías Ocariz, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Sexuales de Rosario. Además, participaron fiscales de otras 10 provincias y de la Caba.

En la provincia de Santa Fe, el trabajo del MPA fue coordinado con los equipos interdisciplinarios de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas y la Policía de Investigaciones (PDI).

Modalidad

“El groomer utilizó al menos 18 perfiles falsos de Facebook para contactar a las niñas y adolescentes y obligarlas a enviarle autorretratos y videos de producción casera en los que las menores aparecían desnudas, en posiciones y en actividades explícitamente sexuales”, precisó el fiscal Giavedoni. “El hombre logró obtener un total de 1.151 imágenes fotográficas y 101 videos de las víctimas. Tanto las fotos como las filmaciones analizadas parecían seguir requerimientos específicos del ‘pedido’ de un tercero, ya que se pudo corroborar que comparten un mismo denominador y patrón a pesar de las diversas edades, particularidades físicas y lugar de residencia de las víctimas”, añadió el fiscal.

Giavedoni aclaró que “las víctimas no son responsables en esta distribución de imágenes de pornografía infantil, no sólo porque son menores de edad, sino también porque habría factores externos que condicionaron su voluntad en el envío de las imágenes y videos”.

Dos clases de víctimas

“De la investigación se desprende que había dos grupos de víctimas: las que enviaban imágenes una sola vez, y ante un nuevo pedido del groomer lo bloqueaban. Y las víctimas que entablaban una suerte de ‘relación’ con el sospechoso y le remitían fotos y videos que incluso superaban las solicitudes”, precisó el fiscal.

Giavedoni también detalló que “con las menores que bloqueaban al acosador, inmediatamente se contactaban otros dos o tres perfiles falsos denominados “perfiles satélites” que adoptaban distintas estrategias. Algunos se hacían pasar por víctimas del mismo sospechoso, otros les decían a las menores que les contarían a su madre o a sus amigas, y hasta las amenazaban de muerte”.

“Una vez que se detectó y corroboró quién era la persona que cometía el delito, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Caba solicitó colaboración a la ONG internacional National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y a Facebook para que brindasen precisiones de los perfiles del groomer”, agregó el fiscal santafesino. En tal sentido, detalló que “tanto Facebook como NCMEC pudieron identificar los patrones solicitados y remitieron más de cien reportes con imágenes fotográficas y videos de menores que coincidían con el perfil del abusador”.

El funcionario informó que “todas las víctimas que reconocieron haber sufrido el ciberacoso sexual realizaron la correspondiente declaración conforme a la normativa procesal de cada jurisdicción”. También señaló que “a cada una de las menores se les ofreció protección y se realizó el resguardo de la prueba digital contenida en sus dispositivos tecnológicos que servirán de prueba en un futuro juicio”.

Por último, Giavedoni destacó que “la operación Ángel Guardián fue inédita en el país. En cada provincia, participaron los fiscales de los ministerios públicos locales, quienes actuaron coordinadamente superando los límites jurisdiccionales y las diferencias de sistemas procesales”.

En otros países

La Fiscalía de la Caba también detectó otras víctimas que residen en Uruguay, México, Colombia y Perú y que estarían vinculadas al mismo pedófilo. A través de la cooperación prestada por la agregaduría del Homeland Security Investigations (HSI) con asiento en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, se contactó a las autoridades extranjeras correspondientes para brindarles información acerca de las víctimas detectadas en sus países.

Qué dice la ley

El grooming es un delito que se lleva a cabo a través de Internet. El victimario es un adulto que contacta a niños, niñas y adolescentes por la web con fines de abuso sexual. En tal sentido, el artículo 131 del Código Penal argentino establece que: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

Campañas de prevención

Desde el Departamento Relaciones Policiales se lleva adelante, desde el año 2012, la campaña de prevención “Conectados en familia”. A través de la misma, la Policía de la provincia de Santa Fe pretende generar conciencia de los peligros que existen en el mundo virtual, fundamentalmente a través de un mal uso de las redes sociales, y que tienen a los menores como sus principales víctimas. 

Por ello, el equipo conformado por: el jefe del Departamento Relaciones Policiales, subdirector de Policía Mario Pueyo, la inspectora María Daniela González y el oficial de Policía José Frioni ha recorrido distintas escuelas, llevando charlas preventivas destinadas a los alumnos, padres y docentes, con la firme convicción de que esta problemática es multiagencial y exige conciencia, acción y compromiso de todos.

Es por ello, y en virtud de las informaciones conocidas en las últimas horas, que se desea reiterar algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de utilizar las redes sociales, especialmente cuando los usuarios son menores.

- Se recomienda ignorar las “solicitudes de amistad” de personas a las que no se conocen. Para captar a los niños y adolescentes, los pedófilos utilizan perfiles falsos, haciéndose pasar por un joven de su edad. 

- Inculcarle a los chicos lo peligroso que puede resultar brindar información privada a un desconocido: direcciones, números de teléfono, horarios de salida o ingreso a la escuela, momentos del día en que la casa queda deshabitada, etc.

- Explicarles los peligros que puede implicar el encuentro cara a cara con alguien que ha conocido por Internet. Las personas con las que chatea tal vez no son quienes dicen ser.

- Ubicar la computadora en un lugar común o de paso.

- Acompañar periódicamente a los chicos mientras están en Internet. Así podrá conocer sus intereses y los amigos con quienes chatean.

- Permita a sus hijos conectarse sólo por un tiempo y en horarios pautados, preferentemente de día. De noche, es mayor la cantidad de personas que navegan y es mucho más difícil el control sobre la actividad de sus hijos.

- Postergar el uso de la cámara web para cuando sean más grandes. 

- Hablar habitualmente con los chicos sobre el uso de Facebook y aconsejarlos sobre las medidas de seguridad que deben tomar.

- Debe hacerles notar a sus hijos la poca credibilidad que pueden tener los amigos de Facebook o de otras redes sociales. Los delincuentes informáticos suelen construir perfiles falsos con gustos similares al del niño que intenta captar.

- Es aconsejable que sólo se publiquen fotos o videos de otras personas si cuentan con su consentimiento.

+ Los interesados en conocer más detalles, pueden comunicarse a Relaciones Policiales: 0342- 4572780.

Fecha: 25/11/2016
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/139666-detienen-a-pedofilo-por-caso-de-grooming-que-tuvo-unas-90-victimas-en-todo-el-pais-actuo-en-santa-fe-y-rosario?utm_source=dlvr.it

INSEGURIDAD EN INTERNET Y REDES: SUMAN LA “PORNOVENGANZA” (ELCIUDADANOWEB.COM)


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Gonzalo Jeangeorges, abogado local, se especializa en delitos informáticos desde el cambio del mileno.


En el año 2000 las computadoras no cedieron ante un virus mundial y ello permitió a Gonzalo Jeangeorges, abogado y curioso en la tecnología, colgar una página web más a la red. Allí subió periódicamente noticias sobre leyes y fallos. Algunas incluían lo que empezaba a pasar por internet: robos bancarios, estafas con tarjetas de crédito, cadenas de correos electrónicos falsos, entre otros. Una mañana de 2010 prendió la computadora para chequear la página. Encontró un cartel con letras grandes: “Jajaja. Te bloqueamos”. Un hacker se había metido y borrado el contenido. Jeangeorges lo persiguió, sin mucha suerte. Aprendió dos lecciones del siglo XXI. Una: siempre hacer un backup, es decir, copiar y resguardar la información. Dos: los usuarios no tienen conciencia de que pueden ser vulnerados. El abogado no encontró amparo judicial. Las leyes y los investigadores no estaban listos para trabajar en causas por delitos informáticos, aun cuando desde 2008 se incorporaron al Código Penal los castigos por distribuir pornografía infantil, por ejemplo. En 2016, cuando hay al menos un celular inteligente por habitante en la Argentina y las redes sociales echaron raíz, los peligros y delitos son otros, pero se mantiene el mismo déficit: cómo recibir e investigar denuncias. En diálogo con El Ciudadano, el especialista describió las nuevas modalidades de dañarse con la tecnología, como la llamada pornovenganza.
—¿Cuáles son los nuevos ciberdelitos?
—En 2010 fue el hackeo, entrar con mala intención a un sistema y hacer daño. En 2013 fue el grooming, cuando un mayor contacta a un menor de edad con fines de abuso sexual, y si se prueba lleva a entre seis meses y cuatro años de prisión. En 2016 es el robo de identidad digital, en donde una persona crea un perfil falso con información (foto y datos) de otro y lo usa para difamar.
—¿Por ejemplo…?
—Hace un tiempo en Twitter una mujer se peleó con una amiga, tomó fotos y datos de ella y empezó a divulgarlos como si la amiga tuviera un servicio de acompañantes. O el caso de una profesora a quien los alumnos le sacaron imágenes sexuales suyas del celular y las usaron con igual fin.
—¿En eso consiste la llamada pornovenganza?
El agresor comparte en internet (o Whastsapp) fotos o videos que muestran a la víctima en situaciones sexuales. Es un forma de escrache digital que se usa para humillar a ex parejas. Son mayores de edad, no es pornografía infantil, un delito ya tipificado.
—Ahí se juegan delitos contra la privacidad…
—Lo que se pone en juego es el consentimiento de la imagen. La postura de los especialistas es que bien pudo haber consentimiento para grabar o sacar fotos, pero no para distribuirlos. El consentimiento se extingue con la relación.
—¿Qué falta para poder investigar los delitos informáticos?
—Por un lado, legislar nuevos delitos. Por el otro, armar una estructura que reciba denuncias y consiga pruebas. Existen seis proyectos en Nación y Santa Fe para sumar nuevos delitos informáticos al Código Penal y crear unidades fiscales especializadas.
—¿Cómo se puede avanzar?
—Los legisladores deben pedir que la Argentina se incorpore al Convenio de Ciberciminalidad del año 2001 de Budapest. El principal requerimiento es exigir a los servidores y empresas de posting en Argentina algo más que algunas responsabilidades fiscales. Deberían mantener los logs (registros de actividad) por un mínimo de 180 días. Hoy no lo tienen.
—¿Qué permite hacer contar con esa información?
—Investigar los delitos, llegar a las pruebas, hacer una pericia. Por ejemplo, si hay una denuncia por calumnias en Facebook se tiene que hacer un exhorto (a la Justicia de otro país) y eso tarda mucho. Cuando buscan la información, ya no está. Sin esto los fiscales no pueden conseguir las pruebas, y los juicios no llegan nunca.
—¿Qué recomendaciones pueden darse a los usuarios que los usan el servicio puerta a puerta?
—Cuidar los datos que volcamos en las páginas: tarjeta de crédito, documento, teléfono. Los fraudes siguen ocurriendo: seguimos cayendo en el cuento del tío.
Camino a la ley
Anteayer el Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto de ley que penaliza con entre seis meses a cuatro años de prisión a quien difunda imágenes de desnudez total o videos de contenido sexual o erótico de una o más persona sin el consentimiento de esas personas. La práctica se conoce popularmente como pornovenganza. La iniciativa que se giró a la Cámara baja nacional fue presentada por la sanjuanina Marina Riofrío del Frente para la Victoria (FPV). La normativa por nacer también prohíbe la difusión del material y exige al condenado arbitrar los mecanismos necesarios para retirar de circulación o bloquear el material, a su costa y en un plazo inminente.
Malos conocidos
Desde 2008 se sumaron al Código Penal nuevos delitos: distribución y publicación de pornografía infantil; violación o apoderamiento o desvío indebido de email o correo electrónico o comunicación electrónica; acceso indebido a un sistema o hackeo; publicación indebida de email o comunicaciones electrónicas; acceso indebido a banco de datos personal, revelación de información de un banco de datos personales; inserción de datos falsos en un archivo de datos personales; fraude informático; y daño o sabotaje informático.
Consejo para indignados
El botón “compartir” en Facebook o “retweet” en Twitter ayuda a difundir información, sumar críticas o elogios. La solidaridad lleva a compartir artículos, fotos y cadenas de denuncias o escraches de cosas que son parcial o totalmente falsas, que es lo que se conoce como “Hoax” en el mundo digital. “Debemos tener cuidado con lo que republicamos o tomamos como cierto. No es aconsejable señalar a alguien de estafador, pedófilo o abusador si la Justicia no lo condenó. Podemos incurrir en calumnia o injuria”, dijo Jeangeorges.
A reforzar fiscalías
Tal como publicó El Ciudadano, a mitad de año la diputada provincial Verónica Benas presentó un proyecto para crear al menos una unidad fiscal especializada en delitos informáticos. Desde el año pasado los casos, más ligados a pornografía infantil y acoso, son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Fiscalía. Sólo funciona en Rosario y en la capital provincial. La legisladora considera que existen más ciberdelitos y es necesario incorporar ingenieros en sistemas a las Fiscalías.
el cambio del milenio.
Autor: Por Agustín Aranda
Fecha: 25/11/2016
Fuente: http://www.elciudadanoweb.com/inseguridad-en-internet-y-redes-suman-la-pornovenganza/

viernes, 25 de noviembre de 2016

AVANZA EL PROYECTO QUE PENALIZA CON HASTA 4 AÑOS DE PRISIÓN LA "PORNOVENGANZA" - Ver Texto Completo (INFOBAE.COM) MEDIA SANCIÓN DE SENADO AHORA PASÁ A DIPUTADOS

La iniciativa apunta contra quienes difundan desnudos o videos de contenido sexual, sin el consentimiento de los protagonistas

En los últimos años, junto con el avance de la tecnología y las telecomunicaciones, con smartphones que pusieron una cámara en cada mano, crecieron los registros íntimos entre parejas poco o muy estables y todo derivó en lo que está a punto de convertirse en una práctica delictiva: la "pornovenganza".

El material grabado en la confianza que presupone el amor entre dos personas, empezó a volverse peligroso cuando esa relación que pensamos para siempre, por alguna razón se rompe. Por eso, en grupos de WhatsApp e inclusive de Facebook, comenzó a circular ese material privado, utilizado por algunos a veces de manera extorsiva o como una forma de venganza.

Ahora, un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad ayer miércoles en el Senado y ya giró a Diputados, busca hacer frente a esta situación que creció en los últimos años, porque apunta a efectivizar la penalización por la difusión de imágenes de desnudez o videos sexuales, sin que haya consentimiento de quienes participan de los registros.

 Quienes sean condenados estarán obligados a llevar adelante los mecanismos necesarios para retirar de circulación o bloquear el material

La propuesta establece una pena de prisión que va desde los seis meses a los cuatro años de prisión para quien, según lo presentado, difunda "imágenes de desnudez total o videos de contenido sexual o erótico de una o más personas" sin el consentimiento de los protagonistas.

El proyecto fue presentado por la sanjuanina Marina Riofrío (PJ-FPV) y apunta contra la difusión de ese tipo de imágenes, aún en esos casos en que hubiera existido consentimiento de ambas partes al momento de ser tomadas.

Quienes sean condenados por este delito , al que la misma Riofrío  le da el nombre de "pornovenganza", estarán obligados a llevar adelante los mecanismos que sean necesarios para retirar de circulación o bloquear el material, a su costa y en un plazo inminente. La aclaración no es menor, hasta ahora eran las propias víctimas las que debían incurrir en gastos y gestiones, para eliminar este tipo de registros que atentaban contra su imagen y privacidad.

Fecha: 24/11/2016


RESUMEN:

PROYECTO DE LEY

Sumario: MODIFICACION DEL CODIGO PENAL SOBRE PENALIZACION DE LA PUBLICACION Y/O DIFUSION DE IMAGENES NO CONSENTIDAS DE DESNUDEZ TOTAL O PARCIAL Y/O VIDEOS DE CONTENIDO SEXUAL O EROTICO DE PERSONAS: INCORPORACION DEL ARTICULO 155 BIS. 
Fecha: 10/06/2016  Fecha: 24/11/2016 MEDIA SANCIÓN DE SENADOS, AHORA PASÁ A DIPUTADOS.

LA DIFUSIÓN DE FOTOS Y VIDEOS ÍNTIMOS EN LA INTERNET

ARTICULO 155 BIS:  "Será reprimido con la pena de prisión de seis (6) mesesa cuatro (4) años, el  que hallándose en posesión de imágenes de desnudez total  o parcial  y/o videos de contenido sexual o erótico de una o más personas, las  hiciere pública o difundiere por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, o cualquier otro medio o tecnología de transmisión de datos, sin el expreso consentimiento de la o de las mismas para tal fin, aun habiendo existido acuerdo entre  las partes involucradas para la obtención o suministro de esas imágenes o video. La persona condenada será  obligada a arbitrar los mecanismos necesarios para retirar de circulación,  bloquear, eliminar o suprimir, el material de que se tratare, a su costa y en un plazo a determinar por el juez. "

lunes, 21 de noviembre de 2016

PIDEN MEJORAR ESTRUCTURA CONTRA DELITOS INFORMÁTICOS (EL CIUDADANOWEB.COM)


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Desde 2008 el Código Penal incluyó nuevas figuras por delitos que ocurren en la era digital, aumentada por los smartphones

A mitad de año la diputada provincial Verónica Benas presentó un proyecto para crear al menos una unidad especializada en delitos informáticos. Desde el año pasado los casos, más ligados a pornografía infantil y acoso, son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación, que sólo funcionan en Rosario y la capital santafesina. La legisladora considera que existen más ciberdelitos y es necesario incorporar ingenieros en sistemas a las fiscalías para obtener mejores pruebas en la era digital. El proyecto de Benas es tratado en la comisión de asuntos constitucionales y presupuesto de la cámara baja santafesina. “Existe una cerrazón de la Corte (Suprema de Justicia de Santa Fe). Solo toman únicamente a abogados para trabajar en la Fiscalía. La complejidad de los delitos informáticos requiere de personas con conocimientos específicos”, dijo en diálogo con El Ciudadano, Benas. La diputada tuvo una reunión con el fiscal regional de la primera circunscripción, Julio Olazabal, quien deslizó resistencias.

Lo probado
De acuerdo con la legisladora, la información que necesitan los fiscales cuando reciben denuncias por grooming –ver aparte–, ciberacoso, estafas electrónicas, calumnias, entre otros, no son fáciles de conseguir. Atar una acción, por ejemplo un mensaje difamatorio en una red social, necesita llegar hasta la fuente: la computadora o el teléfono celular desde donde salió. “No basta con una captura de pantalla. Los agresores pueden defenderse diciendo que esa imagen está truchada con un editor”, explicó el abogado y especialista en delito informático, Gonzalo Jeangeorges. La investigación debe llevar a conocer el origen: al IP, es decir, la identificación en línea de la computadora o el celular. Para eso es necesario pedir a los servidores de internet esa información, también conocida como log. Todo lo anterior, siempre con las respectivas órdenes de jueces y fiscales. Según Jeangeorges, el inconveniente es que ningún servidor en Argentina mantiene por más de 90 días esos registros. Entonces, como se trata de empresas extranjeras los investigadores deben enviar exhortos por escrito y depender de la predisposición de Google, Facebook, Twitter, entre otras. “Cuando llega el pedido, la información ya se borró. Es primordial que los legisladores exijan a las empresas de internet algo más que exigencias fiscales. Tener los log significa poder rastrear la actividad”, opinó Jeangeorges. “Como las pruebas digitales son muy fáciles de borrar, conviene actuar rápidamente, con un abogado, perito y escribano, para preservar la prueba para una futura denuncia o demanda civil de daños y perjuicios”, agregó.
Los organismos especializados como propone Benas estarían habilitados para trabajar con causas de calumnia a infamia. Por ejemplo, cuando en una red social se escrache a una persona. Las acciones que violentan el derecho a la intimidad y que no son un delito penal –ver aparte– están previstas en el Código Civil. “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias”, señala el Código.
Trotamundo
Para Benas un fiscal no puede investigar cualquier delito. Por eso hace años pujó por crear la unidad de integridad sexual de las personas dentro del Ministerio Público de la Acusación. Tiene dos sedes: en Rosario y en Santa Fe. “Mejoró mucho contar con un espacio para no revictimizar. Si no tenemos fiscales preparados las causas se estancan. También sirve para la prevención. Desalienta a quienes delinquen. A través de la tecnología de la comunicación se puede rastrear otros tipos de delitos como la trata de personas o extorsiones”, sintetizó Benas. De acuerdo con la legisladora, existió una resistencia similar a incorporar secciones especializadas cuando las dinámicas bancarias dejaron de pasar por la ventanilla y fueron por el cajero automático. “La Justicia no puede quedar detrás del delito. Las empresas, con claros intereses económicos, hace décadas que tienen contratado personal para protegerse. El Estado no ha hecho lo mismo con lo que debe cuidar: la ciudadanía”, concluyó.
A reforzar la Fiscalía
Los delitos informáticos como la pornografía infantil son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Sin la estructura de Córdoba, que cuenta con una secretaria que asesora a las fiscalías o La Plata o Buenos Aires, con unidades especiales, Rosario depende de una sola fiscal, Marianela Martín. Según contó a El Ciudadano, desde marzo del año pasado, cuando tomó el cargo, sigue 100 casos. Por mes llegan entre 20 y 30 reportes de distintos organismo internacionales donde se denuncian casos de pornografía infantil y el IP corresponde al sur de Santa Fe. “Estudiamos las IP para dar con la identidad del pedófilo. Desciframos las imágenes, estudiamos las fotos, hablamos con vecinos para ver si vieron a los nenes de las fotos, se estudian árboles familiares. Una vez que está determinada la identidad se puede hacer el allanamiento”, dijo Martín.

Los delitos por perseguir
Desde 2008 se sumaron artículos del Código Penal sobre ciberdelitos. Las penas van desde sanciones económicas hasta prisión e inhabilitación para ejercer cargos o profesiones. Los nuevos delitos involucran pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos; violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica;intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones; acceso a un sistema o dato informático; publicación de una comunicación electrónica; acceso a un banco de datos personales; revelación de información registrada en un banco de datos personales; inserción de datos falsos en un archivo de datos personales; fraude informático; y daño o sabotaje informático. Desde 2013 se incorporó la figura de grooming, cuando un mayor de edad usa internet para contactar a un menor con fines sexuales. Acarrea penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.
Para estar atento
Si es víctima de alguno de los ciberdelitos se recomienda consultar a un abogado. Luego, recolectar pruebas digitales con un perito informático de cara a un requerimiento judicial. También consultar con un escribano que pueda hacer una constatación notarial y sacar fotos sobre la PC o Smarthphone o teléfono celular, donde haya registro del delito. Por último, acudir a la Justicia para radicar una denuncia. La repartición encargada de tomarla es el Ministerio Público de la Acusación de la Segunda Circunscripción, con distintas sedes en la ciudad.


Autor: Por Agustín Aranda
Fecha: 17/11/2016
Fuente: http://www.elciudadanoweb.com/piden-mejorar-estructura-contra-delitos-informaticos/

miércoles, 16 de noviembre de 2016

FRANCO TORCHIA LE INICIA JUICIO A UNA CUENTA DE TWITTER POR AMENAZAS Y COMENTARIOS HOMOFÓBICOS (DIARIOJUDICIAL.COM)


Franco Torchia


















Fuente: https://pbs.twimg.com/profile_images/697949367043489792/WVlOzVmr.jpg


Después de un año de solicitar a Twitter que elimine numerosos y reiterados mensajes de agravios, violencia, homofobia y amenazas de muerte realizados por la cuenta @MarceloOpen desde 2013 contra Franco Torchia, el periodista decidió ir a juicio contra el usuario en una demanda contra daños y perjuicios. Torchia envió notificaciones tanto al equipo de Twitter Argentina como a Twitter Internacional solicitado la eliminación del contenido y la sanción del usuario, pero la empresa nunca resolvió el problema. Lo más insólito de este caso es que el usuario agresor no opera a través de una cuenta fake o anónima, sino que su perfil en redes sociales corresponde a su identidad real. El expediente se encuentra radicado en Juzgado Civil Nº 36 de la ciudad de Buenos Aires y el abogado que patrocina a Torchia es el Martín Leguizamón Peña, especialista en derecho informático y nuevas tecnologías.

Fecha:  11/11/2016
Fuente: http://www.diariojudicial.com/nota/76699

Relacionado con ello FRANCO TORCHIA.publicó en su muro de FACEBOOK: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1856488471240528&id=100006381782472 , lo siguiente:

"Desde 2013 y durante más de un año y medio, fui hostigado, amenazado y violentado vía Twitter por una persona, con nombre y apellido, que usó para esto su cuenta real en esa red social: @MarceloOpen . Violencia extrema, homofobia 100% explícita y saña. Amenazas de muerte, tortura, estrangulamiento y demás prácticas. No conozco a esa persona ni me unió jamás ningún tipo de vínculo profesional y/o personal. Los mensajes eran a menudo diarios. La intención siempre era la misma: exponer burlonamente mi orientación sexual y mi identidad de género, “denunciar” mi “falsa” formación y exterminarme (por medio de ISIS, un perro , o emisarios). En algunos casos, esta persona llegó a mencionar a mi hija: esos son los únicos mensajes que ya no están on line. Casi todas estas publicaciones siguen consignadas en esa cuenta, al alcance de quien quiera leerlas. Copio aquí algunas capturas a modo de ejemplo.
Algunos de estos tweets fueron avalados por el periodista Ángel de Brito y por la esposa del jugador de fútbol Diego Latorre.
En este contexto, en el mes de marzo de 2015, recibí un paquete en mi domicilio, con envoltorio tipo obsequio comercial: contenía materia fecal humana, según constató luego personal de la Comisaría 9ª de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La bolsa llegó con un cartel que decía: “Para que cada ves que lo veas, te acuerdes de mí”. No sé quién fue el emisario, pero el hecho ocurrió en esa atmósfera y tuvo consecuencias fatales en mi estado de ánimo y mi trabajo.
En su momento, demoré el inicio de acciones legales por considerarlas inútiles y poco efectivas, pero mi encuentro con el Doctor Martín Leguizamón, el destacado especialista en derecho informático de la Argentina, provocó en mí un cambio de idea.
El trabajo de Martín, responsable en su momento de llevar a la empresa Google a la Corte Suprema por el caso de la modelo Belén Rodríguez -un logro histórico, que sentó jurisprudencia y que es ya objeto de estudio en numerosas universidades- es de excelencia. En los últimos meses, su nombre volvió a resonar tras la medida cautelar que obligó a Google y a Facebook a desvincular el nombre y la imagen de la conductora Mariana Fabbiani de sitios de contenido pornográfico.
El expediente está hoy ya en el Juzgado Civil nº 36 de la ciudad de Buenos Aires.
En esta demanda, me moviliza no sólo el resarcimiento frente los daños y perjuicios ocasionados a mi persona sino también la puesta en evidencia del funcionamiento de la empresa Twitter, cuyos responsables internacionales han asumido públicamente hace tiempo ya que uno de los fracasos más importantes de esa red es la incapacidad de regular el bullying, el grooming (acoso) y otros delitos semejantes.
Me moviliza, además, poder colaborar, en el plano de mi trabajo en defensa de los derechos LGTTBIQ, en los infinitos actos de discriminación que ocurren en la red de redes todo el tiempo y que, a menos que las víctimas cuenten con una ayuda profesional correspondiente, muy difícilmente prosperan a favor de ellos.
En síntesis, me moviliza la promoción de una discusión urgente. Tengo el privilegio de poder estar acompañado por el mejor abogado en la materia, el Dr. Leguizamón: miles de personas, no.
Por eso, todo mi compromiso queda al servicio de una causa justa y demasiado candente".

lunes, 14 de noviembre de 2016

BENAS PROPONE UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS EN DELITOS INFORMATICOS - ANTEPROYECTO CAMARA DE DIPUTADOS DE SANTA FE - Junio 2016 - Ver texto Completo (ELPROTAGONISTAWEB.COM.AR)


Se pretende combatir delitos surgidos a partir de los nuevos medios tecnológicos
Benas propone Unidades Fiscales Especializadas en Delitos Informáticos





















La diputada provincial Verónica Benas (PARES-FPCS), por intermedio del Proyecto de Ley (Expediente 31310 CD-FP-PAR) de su autoría, que consta de seis artículos cuidadosamente elaborados, presentado por mesa de movimiento de expedientes de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe el miércoles 15 de junio y, en la pasada sesión ordinaria del jueves 16 de junio de 2016, derivado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, en ese orden, para su estudio, consideración y tratamiento, propone la creación, en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, y en los términos establecidos en la Ley Provincial Nº 13.013 y modificatorias, de las Unidades Fiscales Especializadas en Delitos Informáticos.

A los efectos de la presente Ley, se entiende por delito informático toda acción u omisión prevista como tal en la legislación penal argentina, que fuera dirigida hacia medios informáticos, o bien, que se concretara mediante la utilización de éstos; cuyas tareas consistirán en investigar casos que van desde el daño informático hasta la producción y distribución de material pedófilo en la red, pasando por el “bullying” (acoso a través de las redes sociales, principalmente) o amenazas, “grooming” o ciberacoso, siempre por medio de un soporte tecnológico.

En noviembre de 2001, se firmó en Budapest el “Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa”, que propuso una clasificación de los ilícitos informáticos en cuatro grupos: delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; delitos informáticos; delitos relacionados con el contenido; y delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines.

Posteriormente, en 2008, se promulgó el “Protocolo Adicional al Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa” que incorpora las medidas que deben tomarse en casos de: difusión de material xenófobo o racista; insultos o amenazas con motivación racista o xenófoba; y “negación, minimización burda, aprobación o justificación del genocidio o de crímenes contra la humanidad”.  

Nuestro país firmó la adhesión a la Convención de Budapest en 2010, en sintonía con las reformas introducidas en 2008 al Código Penal Argentino, por las cuales se produjo un salto cualitativo en la descripción de las acciones penalmente responsables, sirviendo de instrumento para la “investigación, persecución, captura y castigo de los delincuentes que se sirven de tecnología informática”.

Posteriormente, a finales de 2013, mediante la Ley Nacional Nº 26.904, se incorpora al Código Penal Argentino el artículo 131 que establece que “será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”; ante el aumento de “casos aberrantes vinculados al uso de las redes informáticas”.

Respecto a la creación de Unidades Fiscales Especializadas en Delitos Informáticos, se menciona como antecedente la formación de la primera fiscalía especializada en la materia, llevada a cabo en noviembre de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cuya tarea consiste en “investigar casos que van desde el daño informático hasta la producción y distribución de material pedófilo en la red”, pasando por el “bullying” o amenazas, “grooming” o ciberacoso, y otros delitos perpetrados a partir de los mencionados soportes tecnológicos.

El Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe elaborará una nómina de peritos y auxiliares de justicia especializados en estos tipos de delitos, para “su intervención en los procesos que tramiten ante la justicia penal al respecto”; fundamentó la diputada provincial Verónica Benas (PARES-FPCS), el Proyecto de Ley (Expediente 31310 CD-FP-PAR) de su autoría, ingresado el miércoles 15 de junio por mesa de movimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y, en la sesión ordinaria del jueves 16 de junio de 2016, girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, en ese orden, para su estudio; no sin antes agregar que “se busca combatir la ciberdelincuencia y la proliferación de los delitos informáticos”, ya que “los avances tecnológicos han introducido nuevos riesgos en la sociedad” pues su desarrollo aumentó significativamente e incidió en las relaciones humanas.

VER TEXTO EN PDF: https://www.dropbox.com/s/5iu9cdwbr6vgms9/2016%20-%20ANTEPROYECTO%20-%20SANTA%20FE%20-%20crear%20unidad%20fiscal%20especializada%20en%20derecho%20informatico.pdf?dl=0















Autor: Susana Goris
Fecha: 18/7/2016
Fuente: http://www.elprotagonistaweb.com.ar/noticias/val/11343-3/benas-propone-unidades-fiscales-especializadas-en-delitos-inform%C3%A1ticos.html




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